Por Guillermo Alamino
El estado democrático se disipa rápidamente en la provincia de San Juan con la creciente hegemonía de Gioja en los tres poderes y en las instituciones públicas. Prácticamente no quedan espacios de reflexión, debate y lugares de participación ciudadana donde cada comunidad pueda elegir y discutir su propio modelo de desarrollo según sus características culturales. Esto ha quedado demostrado en la negación del gobierno provincial a realizar una consulta popular en el departamento Pocito por la instalación de una megacementera, o en la prohibición del plebiscito en Calingasta ante la llegada de las compañías megamineras.
El gobierno provincial ha corporativizado las decisiones fundamentales en un pequeño núcleo formado por empresas mineras, dirigentes políticos socios e instituciones que legitiman la inserción de las multinacionales en distintos aspectos de la vida social como la cultura, las normas y la educación, entre otros. En este sentido, la cooptación de los medios de comunicación ha sido fundamental para generar una sensación de falsa estabilidad y crecimiento económico, percibido sólo en estadísticas manipuladas (como el aumento de exportaciones o la baja de la pobreza), o en propagandas gubernamentales vacías de contenido que disfrazan la exclusión social y la contaminación, principalmente, vividas en departamentos alejados. La pauta publicitaria oficial y minera han hipotecado la libertad de expresión reemplazándola por el silencio sistemático. Así esconden las acusaciones que involucran al gobernador José Luis Gioja con empresas mineras y a grupos mediáticos como Canal 5, Radio Del Sur, AM 1020, FM La Mega y Diario El Zonda. Del mismo modo ocultan los conflictos en Pocito por la instalación de Loma Negra, la degradación del Poder Judicial y el agravamiento de la crisis hídrica.
La descomposición institucional también incluye al poder legislativo, que funciona como una escribanía sancionando normas a medida de las corporaciones y el poder ejecutivo. Asimismo, algunas estructuras partidarias que mediáticamente dicen ser opositoras (Compromiso Federal y UCR), convalidan el saqueo de los recursos naturales callando y esquivando cualquier situación que exija tomar una posición seria al respecto. No sólo son funcionales al silencio instaurado en la sociedad sino que también eluden cuestiones fundamentales como la tercerización de la salud, los pésimos sueldos a docentes y médicos, el estado edilicio de las escuelas y el aumento del desempleo ante la falta de una economía alternativa pensada a largo plazo. Más que opositores, estas fuerzas pretenden ser los nuevos lacayos de las transnacionales mineras. Es por eso que en estas elecciones legislativas debemos ejercer un voto responsable pensando en el futuro de San Juan. Las próximas generaciones y los intereses nacionales deben superar las diferencias en procura de pensar un nuevo país basado en la soberanía, independencia, ética y justicia social.
