Hace una semana, todos los diarios mencionaron un hecho que indigna a la sociedad: 10 personas comenzaron a trabajar en los Tribunales tras haber sido designados a dedo por una acorada de la Corte Suprema de ¿Justicia? Los ingresos se producen en el mismo momento en que se demoran las designaciones por concurso que ya habían sido prometidas por las autoridades judiciales de la provincia. Casi todos son hijos de jueces, sobrinos, amantes, novios y novias, entre otras parentelas. Mirá acá la lista de los ineservibles que todos los sanjuaninos tenemos que mantener pagando los impuestos.
Los beneficiados por esta designación a dedo son:
Diego Fernando Zabatarelli (DNI 22.957.870),
Mónica Edith Miranda (DNI 21. 458.483),
Joel Rodrigo Quiroga (DNI 35.183.958),
Facundo Nahuel Narvaez (DNI 36.250.822),
Juan José Gallardo (DNI 34.459.685),
Jorge Ricardo Marambio Espejo (DNI 30.840.517),
Eduardo Ariel Quattropani (DNI 36.684.019),
Juan Carlos Obredor Balmaceda (DNI 25.936.925),
Hugo Rafael Caño (DNI 24.221.938) y
Eduardo Javier Tapia Olivarez (DNI 28.020.849).
Los privilegiados por esta designación sin concurso revisten la condición de “ayudantes”. Se trata de una maniobra que permite la reglamentación, que fija que todos los ingresos deben realizarse por concurso excepto “personal de servicio y maestranza”. Ese resquicio es utilizado para producir los ingresos de los favorecidos por el dedo judicial, y luego los jerarquizan mediante nuevas acordadas. Muchos de ellos terminan obteniendo cargos jerarquizados en los juzgados. No es la primera vez que sucede, ya ha pasado muchas veces.
El acuerdo general número 60. Argumenta que “se encuentran vacantes cargos en el escalafón del personal obrero, maestranza y servicio de planta permanente, los cuales no han sido cubiertos a la fecha, por lo que deviene necesario su cobertura a los fines de no resentir el servicio”.
La acordada lleva la firma de los cinco cortistas: Adolfo Caballero (presidente), Juan Carlos Caballero Vidal, Angel Medina Palá, Carlos Eduardo Balaguer, José Abel Soria Vega. También firma el secretario administrativo Luis Recio y el fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani.
