En una nota sin desperdicios, donde investigaron, aparte de El Gordo, las periodistas María Eugenia Duffard y Amelia Cole, el conductor arremete contra el cuestionado juez Norberto Oyarbide. A continuación la nota completa.
Su Señoría, apto para todo servicio
Por Jorge Lanata
La escena transcurre en Bice, un restaurant fundado en Milán en 1926, que ya lleva veinte años en Puerto Madero. El grupo de periodistas no superaba las diez personas, con algunas caras conocidas: gente de la radio y la televisión. El restaurant hizo un breve silencio cuando entraron buscando su mesa. Cuando, a los pocos minutos, entró el juez con su pareja, pasó inadvertido.
Norberto Oyarbide jugaba casi de local: Bice era su segundo hogar. La cena fue festiva y el murmullo era interrumpido cada tanto por pedidos de brindis del juez: –Y ahora un brindis por el divino de ...
Y todos levantaban las copas.
Fue después del cuarto o quinto brindis cuando pronunció la frase que uno de los testigos no pudo olvidar hasta hoy: era una noche de 2011.
“¿Te gusta mi glamour?”, le soltó así, “mi glamour”, como si fuera un adjetivo en lugar de un sustantivo, como si el glamour pudiera medirse por grados. Su interlocutor sonrió, un poco avergonzado, no por la semántica sino por el contenido de la pregunta del juez.
– Ssssi ….no sé … Lo del glamour abrió la puerta a una conversación que siguió en ese tono: “Mira mi traje, es de Canali, los compro en Roma. Es elegante, ¿no?
Sale más de diez mil dólares … ” Al traje le siguió el anillo –que al poco tiempo adquiriría una súbita popularidad– y cuando salieron a fumar a la terraza la cantidad de custodias que lo vigilaban ocultándose en las sombras.
–Hay más de cuarenta … Gendarmería, Policía, hay de todo ...
Había, sin embargo, algo extraño y melancólico en ese juez que se empeñaba por agradar pero tenía, a la vez, la mirada de un sobreviviente. Y lo era: había sobrevivido a un juicio político cuando lo acusaron de proteger a una red de prostíbulos en 2001. Lo señalaban como cliente VIP de Spartacus y Mariano Grondona había difundido por la televisión una cámara oculta del juez jugueteando con un taxi-boy. Luciano Garbellano, ex socio de Moria Casán, lo acusaba de haberle brindado protección a su prostíbulo a cambio de 15.000 dólares al mes más la provisión gratuita de champagne y servicios sexuales. La declaración de Garbellano fue corroborada con cámaras que fueron fruto de una interna entre la Policía Federal y la SIDE, y por el testimonio de Zinnedine Rachem, Zino, que declaró ante el entonces fiscal Campagnoli.
“ Zino, te quedan 48 horas de vida ”, dijo el ingeniero árabe que le había dicho el juez Oyarbide.
Susana Viau, que siguió en aquellos años paso a paso la errática trayectoria de Oyarbide, publicó en Página/12 que el juez, el 18 de octubre de 1997, fue padrino de un bautismo en el barrio de Boedo: el del hijo de Carlos Perciavalle (homónimo del actor uruguayo), regente de los prostíbulos Partenaire y La Saison, y que compartía con Raúl Martins el liderazgo en el negocio de la prostitución femenina.
Distintos testigos relataron que Oyarbide trabó relación con estos personajes cuando se desempeñaba en la secretaría 60 del juzgado Correccional I, y que en ciertas ocasiones, para vencer la resistencia de Perciavalle y Martins de darle dinero el magistrado, los había forzado a comprarle a precios mayúsculos objetos de decoración, alfombras, estatuas y cuadros.
El escándalo de su homosexualidad en un ambiente homofóbico como el de Tribunales, y sus vínculos con la prostitución, lo alejaron un tiempo del trabajo. Cuando volvió seguía exteriormente igual: atildado, prolijo al extremo y afectado, pero también repentinamente místico. Dios, sin embargo, no alcanzó para alejarlo de las joyas: un anillo del que se envanecía frente a testigos asegurando que había pagado por él 250.000 dólares fue la piedra de un nuevo escándalo. Primero dijo que lo había comprado en Simonetta Orsini, en Punta del Este, y luego que lo había alquilado por 7.500 dólares al mes.
En 2009 sobreseyó al matrimonio Kirchner en la primera causa por enriquecimiento ilícito en la que se investigaba un crecimiento patrimonial del 158% (con el tiempo sólo el de Cristina fue superior al 1.000 %). En 2010 le pidieron juicio político por no dar datos de Moyano, negándose a colaborar con la investigación del juez Bonadio sobre la Obra Social de los Camioneros (recuérdese que en ese momento Moyano era soldado de Cristina). También se discutió su rol en la causa por la mafia de los medicamentos; en las de Sergio y Pablo Schoklender por los fondos de las Madres de Plaza de Mayo; el sobreseimiento de Amado Boudou en la denuncia por refacciones en el Senado; por cajonear dos causas por irregularidades de fondos cuando Amado era titular de la ANSeS y por el canje de bonos de la deuda en 2010, donde se realizaron maniobras fraudulentas por el canje de títulos por 9.000 millones de dólares pagados con reservas del Banco Central y a raíz de la intervención de la consultora Arcadia, vinculada hoy a Diego Bossio. Tuvo, también, una denuncia por subirse alcoholizado al escenario con la Mona Jiménez, tocar “La última curda”, bailar cuarteto y cantar el hit “Beso a beso”, y por allanar la financiera Alhec en una causa por presunto lavado de dinero en pases de jugadores de fútbol.
“Una vez en 2009 tuvimos un robo y un policía me dijo ‘Y bueno, tenés que pagar, porque el laburo de ustedes es como la prostitución y el juego, tienen que pagar’”, me dijo el jueves en Radio Mitre Guillermo Greppi, que saltó a la tapa de los diarios luego de que Oyarbide levantara el allanamiento a su financiera después de recibir un llamado de la Presidencia. El escándalo fue tal que Greppi alquiló el salón Margot del hotel Four Seasons, y recibe allí a los medios. Aunque Greppi no figura como presidente de la Asociación Mutual Propyme, sostiene que lo es: en julio del año pasado su socio Mauro Emilio Gutiérrez renunció y en los bancos de datos del mercado no figura Greppi aún; sólo aparece su vínculo con otra financiera, Corgut SA, constituida en 2005 pero inscripta en la AFIP recién en 2007.
Durante el allanamiento policial, Greppi llamó a un amigo: Carlos Emilio Liuzzi, segundo del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini.
“Teníamos un amigo en común, Carlos Leiri, y nos juntábamos siempre a tomar café en Tolon. Después estudió Derecho y se recibió de abogado, y un día hace ocho años me lo encuentro en las Galerías Pacífico y me cuenta que está trabajando en la Rosada”, contó Greppi.
En medio del vendaval, el jueves a la madrugada Greppi le envió a Liuzzi un mensaje de texto: “Amigo, estamos limpios, todo va a estar bien”. Liuzzi lo leyó y llamó: “El está mal, como yo, triste por todo lo que está pasando. Es un tipo trabajador que quiso darle una mano a un amigo, es un obrero”, dice Greppi de su amigo.
Greppi también cuenta que Zannini le grito a Liuzzi: “Que hiciste, ¡¡boludo!!” Fabio Ascona es el subcomisario responsable del operativo y quien se apersonó en la financiera cuando Greppi se negó a pagar el supuesto soborno; quien primero le habría pedido coima fue su subalterno, el oficial Angel Castro. Cuando declaró ante el juez Rodríguez, Ascona dijo que “Greppi le gritaba que él la tenía más larga, que era socio de Hugo Moyano y Carlos Zannini y que esa noche cenaba con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en el Faena”.
Liuzzi, el hombre del Gobierno, es abogado y tiene 57 años. Vive en Puerto Madero con su segunda mujer, Thaiss del Corazón de Jesús, su jefe de gabinete en la Secretaría Legal y Técnica. Su primera mujer, Gloria Martínez, es prima de la esposa de Zannini, Patricia Alzúa. Cuando Liuzzi entró en la administración pública en 2003 lo hizo como titular de la Comisión Fiscalizadora de la AFIP y declaró un patrimonio de $ 189.339.
Para 2012 ese patrimonio se había multiplicado 38 veces: declaró ante la Oficina Anticorrupción una fortuna de 7.226.160 pesos; departamentos en Puerto Madero, terrenos en Pilar, una constructora proveedora del Estado y varias hectáreas en Mendoza, cuyo valor superaría los diez millones de pesos. Cuando pidió por Oyarbide, Liuzzi estaba llamando a un conocido: el juez los sobreseyó por enriquecimiento ilícito en 2013 y cerró la causa en silencio. El fiscal Patricio Evers no apeló.
Ayer el Gobierno se negó a tratar el caso Oyarbide en el Consejo de la Magistratura. El movimiento K Justicia Legítima, que se propone “democratizar” el área, no dijo hasta ahora una sola palabra.
Investigación: JL / María Eugenia Duffard / Amelia Cole