Ya casi finalizando el año, la ejecución del presupuesto muestra disparidades singulares. Mientras algunas partidas -como Fútbol para Todos, publicidad oficial y Aerolíneas Argentinas- ya gastaron mucho más de lo que se les había asignado en enero pasado, otros programas exhiben un notorio nivel de subejecución.
Llamativamente se trata, en varios casos, de programas sociales. Por ejemplo, hay partidas del Ministerio de Salud, como la de Sanidad Escolar, de las que se gastó apenas el 21,18% de su presupuesto, o del Ministerio de Educación, como el plan de Mejoramiento de la Calidad Educativa, que sólo ejecutó el 21%.
Si bien este año el Gobierno hizo un uso récord de la ley de superpoderes y elevó el gasto presupuestario en un 27,7 por ciento a noviembre pasado, no todas las áreas de la administración fueron igualmente beneficiadas, según señala el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). La entidad señaló que mientras el Ministerio de Economía recibió un refuerzo del 186% en su partida, el Ministerio de Educación sólo recibió un 4,1% extra, por nombrar los dos extremos.
Otras dependencias favorecidas fueron la Jefatura de Gabinete, que conduce Jorge Capitanich, con casi un 40% de refuerzo presupuestario -casualmente, el jefe de Gabinete es quien reasigna los fondos del presupuesto por la ley de superpoderes-, y el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, con un 67% de recursos extras. Por contraste, el Poder Judicial tuvo un aumento de sólo el 5,7% en todo el año.
Si se considera que el promedio de ejecución presupuestaria es del 80% a estas alturas del año, varios programas figuran por debajo de ese nivel. En el Ministerio de Salud, por ejemplo, el plan Atención Sanitaria en el Territorio, encargado de llevar atención médica en unidades móviles a los sectores más remotos del país, tiene un presupuesto de 565 millones, pero fue ejecutado sólo el 32,8%. En tanto, Sanidad Escolar gastó apenas el 21,18%, mientras que del programa Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas se ejecutó sólo la mitad.
En el Ministerio de Educación la situación es similar. Allí, el programa Mejoramiento de la Calidad Educativa, con apenas 151 millones de pesos, sólo lleva ejecutado el 21%. En tanto, el ambicioso plan Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, con más de 1600 millones de pesos, gastó también muy poco, el 48,6% del total.
¿A qué obedecen semejantes niveles de subejecución? "Es difícil saberlo, respondió el economista Walter Agosto, investigador principal de Cippec. Puede obedecer a problemas de gestión; a la falta de financiamiento si se trata de programas que requieren crédito externo y los fondos no llegan en tiempo y forma o, también, a que el programa en cuestión no cuenta con los bienes o insumos necesarios. Son todas suposiciones, porque el presupuesto carece de indicadores de desempeño que nos permitan evaluar el resultado de los programas."
Agosto advirtió que la información oficial sobre la ejecución presupuestaria es "precaria", lo que impide un análisis exhaustivo de cómo gasta el Estado. "Si a esto se agrega que tenemos un presupuesto al que el Gobierno incorporó un 33% de gasto por decreto y por decisiones administrativas, se hace mucho más difícil el análisis. Todo esto demuestra que el presupuesto es sólo una simple simulación teórica, ya que hace tiempo que la ley de leyes no se formula como corresponde."
¿Qué sucede con los recursos que no se gastan? "Pasan a rentas generales, a menos que tengan una afectación específica", explicó el diputado Claudio Lozano (Unidad Popular). El legislador sostiene que la subejecución que se observa en algunas áreas del Estado obedece a que el Gobierno decidió "frenar la aceleración del gasto", que venía desbocado.
"Ante el déficit creciente en las cuentas públicas, el Gobierno optó por controlar la evolución del gasto por medio de medidas económicas, cambiarias y monetarias de tipo ortodoxo. Impuso una suerte de ajuste en algunas áreas de la administración y, si hay excedentes, los retiene para el año próximo."
No sólo en las áreas sociales se observan importantes subejecuciones. El Ministerio de Industria, que conduce Débora Giorgi, exhibe un nivel de gasto de sólo el 41%. En la Secretaría de Ambiente sucede algo similar, con una ejecución de apenas el 43,4%. También es notorio que aquellos programas que se desarrollan con fondos de créditos internacionales del BID o del BIRF exhiban grados de ejecución muy bajos. Por ejemplo, en la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo sólo se gastó el 3,29%.
Por contraste, el programa Prensa y Difusión de los actos de Gobierno ya lleva gastados 1589 millones de pesos, un 167% superior al presupuesto original; Aerolíneas Argentinas, 5140 millones, un 184% más; el plan Formulación y Ejecución de la Política de la Energía Eléctrica, 77.771 millones, un 229% superior a la partida original, mientras que el Senado, que conduce el vicepresidente Amado Boudou, ya lleva gastados 2568 millones, un 141 por ciento más.
