Una buena: el relevamiento presentado es una de las exigencias de la nueva ley puesta en vigencia. Por ahora, ninguna de las veintitrés provincias sobrepasa el límite fijado por ley que es hasta el 15% de las tierras rurales en manos de capitales o particulares extranjeros. La ley prohíbe la posesión en manos extranjeras de tierras que incluyan costas marinas, ríos, arroyos, lagos, lagunas, humedales, esteros, glaciares y acuíferos. Es decir que tal vez Barrick estaría violando la ley y debería ser desalojada junto a Pascua Lama del territorio cordillerano que ocupan hoy.
“Tenemos que saber dónde y cómo estamos parados frente a este recurso estratégico como es la tierra. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego se debe conocer el esfuerzo realizado para aplicar esta ley", dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con estas palabras, Cristina, La Muchacha Progre, presentó un informe sobre la cantidad de hectáreas en manos de extranjeros, según lo establecido en la ley 26.737 aprobada en diciembre de 2011. Del total de hectáreas de tierras rurales del país, sólo el 5,93 % está en manos de extranjeros. La normativa fija un límite total (nacional, provincial y municipal) del 15%.
A su vez, ningún titular puede tener más de 1.000 hectáreas a su nombre y una misma nacionalidad no puede superar el 4,5% de la superficie total. Según el informe presentado, ninguna de las 23 provincias del país donde hay tierras rurales sobrepasa el límite fijado por ley, aunque sí hay 49 subregiones que ya exceden ese número.
La ley prohíbe a personas extranjeras acceder a “la titularidad o posesión de inmuebles rurales que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”. Según la reglamentación de ley, se definió como cuerpos de agua a los mares, ríos, arroyos, lagos, lagunas, humedales, esteros, glaciares, acuíferos, que conforman el sistema hidrológico de una zona geográfica, así como las contenidas en obras hídricas.
Si bien el proyecto del Ejecutivo había ingresado al Congreso en marzo de 2011, sólo pudo aprobarse tras el recambio parlamentario de aquel año porque el denominado Grupo A se había negado a tratar el proyecto. Al momento de la votación, los llamados agrodiputados, junto al bloque radical, votaron en contra. El PJ disidente, el PRO, y Proyecto Sur estuvieron ausentes.
