Dos meses después de que estallara el caso Ciccone, en febrero de 2012, manos anónimas robaron de la Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, el legajo original de The Old Fund, el misterioso fondo que se quedó con la imprenta y que era liderado por Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro de Amado Honesty Boudou.
Un mes más tarde, el organismo dio por completada su "reconstrucción". Pero los documentos y registros que se usaron para hacerlo tienen por lo menos una docena de indicios sobre su falsedad, según surge de copias de libros societarios.
Los indicios se centran en los accionistas, los apoderados y algunas firmas, fechas y domicilios de quienes aparecen en The Old Fund, como también en los sellos y los folios de seguridad que la IGJ debe adosar a ciertos documentos para certificar su autenticidad. Así, si la información reconstruida no es la que constaba en el documento original, una pregunta queda en el aire: ¿qué datos o nombres sensibles había en aquel legajo?
Las inconsistencias más evidentes son las fechas. Entre otros motivos, porque Vandenbroele, único rostro visible de The Old Fund, se presentó ante una escribana para certificar una asamblea de ese fondo sólo el 28 de febrero de 2012, tres semanas después de que estallara el escándalo, aun cuando esa asamblea, en teoría, había ocurrido dos años y medio antes.
Ese 28 de febrero -un día antes de que comenzara la defensa pública de los implicados por medio de una solicitada también cuestionada en la Justicia-, Vandenbroele le pidió a la escribana Gabriela Antoniazzi que certificara la asamblea del 1° de septiembre de 2009, en la que se informó que el propio Vandenbroele asumía como "presidente" de The Old Fund.
Los libros societarios muestran, sin embargo, que Vandenbroele figuró no como presidente, sino como "accionista" de la firma, y así permaneció durante meses, hasta que el fondo holandés Tierras International Investments irrumpió como accionista de la firma en la asamblea de, en teoría, el 15 de marzo de 2010.
El registro de esta asamblea muestra sus propias irregularidades. La fecha en que se celebró aparece tachada en el libro y sobrescrita en "abril" de ese año. Pero ni siquiera concluyeron así los vaivenes. Porque en esa asamblea también se resolvió cambiar la sede de The Old Fund al estudio del abogado (y ex inspector de la IGJ) Albert Chamorro Hernández, que recién se inscribió en ese organismo el 22 de diciembre de 2010 con otro error crucial: las fechas informadas a la IGJ tampoco coinciden con las que aparecen en los libros. Ni con la fecha original (marzo de 2010) ni con la sobrescrita (abril de ese año).
Por entonces, el desembarco de The Old Fund en la ex Ciccone aún no había comenzado. Pero el cuestionado "asesoramiento" al gobierno de Formosa ya había fructificado. El entonces ministro de Economía, Amado Boudou, firmó una "adenda" clave el 11 de marzo y Vandenbroele embolsó $ 7,6 millones el 21 de mayo.
Para acrecentar las sospechas sobre la autenticidad de los libros de la sociedad, Vandenbroele sólo los entregó a la Justicia en junio de 2012 -cuatro meses después de estallar el escándalo-, y las anotaciones en dos de esos libros las volcó una imprenta de la calle Reconquista al 500 de Buenos Aires, en lugar de la que hasta ese entonces se había utilizado, sobre Uruguay al 400.
El problema es que la imprenta de la calle Reconquista sólo abrió sus puertas a fines de 2011 y se registró ante la AFIP a principios de 2012 por lo que pudo cumplir su labor cuando el "caso Ciccone" ya llevaba semanas en la Justicia y los medios de comunicación.
Al entregar a la Justicia los libros societarios de The Old Fund, además, Vandenbroele no presentó uno clave: el de "depósito y asistencia de asambleas". Sólo aportó una copia, en papel suelto, de una sola asamblea, acaso la más relevante y cuestionable de todo el legado reconstruido: la que ocurrió el 29 de octubre de 2010.
Ese día, apenas 48 horas después de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, se modificó el control de The Old Fund: se retiró el accionista minoritario Sergio Gustavo Martínez -amigo de José María Núñez Carmona y prófugo de la justicia de Estados Unidos-, mientras que el fondo holandés Tierras International Investments pasó a repartirse la sociedad por mitades con la firma uruguaya Dusbel SA.
La irrupción de Dusbel -con acciones al portador, pero con Vandenbroele como "beneficiario final", según consta en los registros uruguayos- acumula sus propias irregularidades. Se inscribió en la Inspección General de Justicia recién un año después, es decir, en octubre de 2011, pero ese trámite se perdió y la copia que Vandenbroele presentó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 incluye un folio de seguridad que carece de los hilos o "pelos" que, como en el papel moneda, certifican su autenticidad.
La desplazada titular del Registro Nacional de Sociedades Silvina Martínez no descarta que se haya antedatado el arribo de Dusbel. "¿Esa firma uruguaya realmente pasó a controlar la mitad de The Old Fund en octubre de 2010? El dato resulta llamativo, ya que el trámite de la IGJ se «perdió» y el libro pudo haber sido copiado meses después -estimó-, mientras que la documentación en poder de la sociedad es de dudosa autenticidad."
El presunto testaferro de Amado Boudou habría recibido protección desde el organismo que tiene a su cargo la responsabilidad de fiscalizar las sociedades.