Suárez es además investigado por extorsión, pues el juez y el fiscal Gerardo Pollicita creen que forzaba a las empresas marítimas a aportar fondos a una fundación ligada al gremio a cambio de no bloquear la entrada de los buques. Se comprobaron casos, según dice el fallo judicial, de que se puso en riesgo la seguridad de la navegación de un buque de fuel oil. Se le imputa haber privado a los buques cargados de combustible del servicio de remolcadores para poder ingresar a puerto.
Suárez actúa en los puertos con la venia de la Administración General de Puertos, que le cedería un terreno al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en Puerto Madero para que expanda sus actividades. La estrategia del sindicalista sería así: presionar a las empresas mediante bloqueos o protestas gremiales para que finalmente se favorezca a sus propias compañías.
Mediante un escrito, Suárez negó a principios de mes las imputaciones frente al juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Intentó despegarse así de los bloqueos y de las presuntas extorsiones que denunciaron la Cámara de Armadores de Lanchas de Prácticos y las empresas Vessel SA y National Shipping.
Sin embargo, el fiscal Gerardo Pollicita, quien impulsó la indagatoria del gremialista, está a la espera del resultado de investigaciones que revelen la ruta del dinero desde las navieras hacia los gremialistas, según informaron fuentes judiciales.
"Se denunció que parte de tales actitudes estarían relacionadas con la negativa de algunas compañías a realizar donaciones, liberalidades y otras contribuciones monetarias que serían ilegítimamente exigidas por el SOMU con el pretexto de campañas de capacitación para sus afiliados. De este modo, el dinero obtenido sería ingresado a la Fundación Azul, del sindicato, y, desde allí, derivado a la empresa Marítima San Jorge", argumentó Pollicita ante el juez.
