Un eje central de las preguntas fue la relación de esta causa con la libertad de expresión. ¿Está o no en juego la sustentabilidad económica que alega Clarín? ¿Cómo vulnera esto la libertad de expresión? En relación con la postura del Estado, la Corte indagó sobre cómo se justifican, en concreto, cada una de las restricciones y obligaciones de desinvertir que impone la ley, sus números y porcentajes. ¿No bastaba la ley de defensa de la competencia si el tema era desconcentrar los monopolios?, preguntó.
Como ésta, varias de las preguntas apuntaron a la génesis de varios artículos de la ley de medios, así como a la relación previa entre el Estado y el Grupo Clarín. Otras aludieron a su aplicación. ¿Por qué dicen que toda la ley está suspendida? ¿Por qué no se aplica al resto de los grupos?, inquirió el tribunal a los representantes del Estado. La Corte sorprendió con preguntas que fueron más allá de la discusión concreta sobre cada uno de los artículos cuestionados.
También quiso saber qué pasa con las empresas a las que se les quitan licencias. "El Estado sostiene que el vínculo jurídico que une a un licenciatario con su licencia es el otorgamiento temporal de un privilegio, que en modo alguno puede generar un derecho adquirido a favor de quien lo ejerce. ¿Quiere decir que el Estado puede quitarle las licencias ya otorgadas o que otorguen en el futuro, sin derecho alguno?", fue la pregunta que más complicó a los representantes del Gobierno.
Los puntos a responder, que las partes no conocían de antemano, pusieron a prueba no sólo la solvencia, sino también la rapidez de reacción de los abogados de las partes. Primero fue el turno de Clarín; después de un cuarto intermedio, del Estado; 17 preguntas para el multimedio y 36 para los defensores de la postura oficial. Las leía el secretario general de la Corte, Cristian Abritta. Una por una se proyectaban en una pantalla y las recibía, en papel, cada parte.
Los abogados respondían detrás de un atril, de frente al tribunal. Pasaron en grupo y se repartían las respuestas. "Tiraron con todo", comentó el abogado de Clarín Damián Cassino cuando salía del Salón de Actos sacudiendo el papelito con la última pregunta. Los representantes del Estado sintieron que tampoco con ellos fueron benévolos. "Menos mal", dijo Graciana Peñafort, firme defensora de la ley de medios, cuando Ricardo Lorenzetti anunció que le quedaba la última pregunta, la número 36.
Lorenzetti manejó la audiencia con firmeza. "La pregunta es concreta", les dijo en un momento a los abogados del Estado. "Ya está contestado", cortó a la defensa de Clarín. La vicepresidenta de la Corte, Elena Highton, sentada a su lado, le sugirió alguna repregunta, pero sólo habló él. No obstante, aclaró dos veces que en las preguntas habían intervenido todos los jueces del tribunal.
El multimedio sostiene que la nueva ley pone en serio riesgo su sustentabilidad económica, ¿antes de la fusión de Cablevisión y Multicanal (aprobada por el kirchnerismo antes del enfrentamiento con Clarín) estaba afectada la sustentabilidad del grupo?
"El tamaño sí importa", había dicho ayer uno de los "amicus" en defensa del multimedio, que sostuvo que era necesario ser grande para afrontar los "embates estatales". ¿Por qué el Grupo Clarín no es potencialmente un monopolio?, preguntó la Corte. "¿Qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad? ¿No tendrían libertad de expresión? ¿O deberían ser subsidiados para equipararlos al Grupo Clarín?" Los abogados del multimedio dudaron. Finalmente, María Angélica Gelli fue terminante: "La publicidad oficial puede llevar a condicionar la línea editorial". Antes había afirmado que hoy sólo Clarín puede hacer "periodismo de investigación". Después de casi cuatro horas de audiencia, Lorenzetti anunció que el tribunal pasaba a deliberar. La sentencia aún no tiene fecha.
Cruce entre Grupo Clarín y Gobierno
- Damián Cassino - Abogado de Clarín: "¿Para qué quieren las licencias del Grupo Clarín? ¿Para silenciarlo?"
- Martín Sabbatella - Titular de la AFSCA: "Los límites que impone la ley le alcanzan para ser sustentable, salvo que quiera extorsionar a la democracia."
- Angélica Gelli - Abogada de Clarín: "No sólo se afecta el derecho a brindar información, sino los derechos de la audiencia."
- Daniel Larrache - Director de la AFSCA: "La ley no se aplica plenamente porque un grupo de medios no quiere entrar en las generales de la ley."
