Viva la Democracia: declararon inocentes a Gil y Ortíz, exintendentes de Ullum

Agapito Gil, Alfredo Ortiz y otros 3 exfuncionarios estaban acusados de haberse quedado con fondos municipales. Pero la Sala III de la Cámara Penal decidió absolver a los sujetos otrora sospechados de corrupción.

Los integrantes de la Sala III de la Cámara Penal absolvieron de toda responsabilidad a los exintendentes de Ullum Jorge Agapito Gil y Alfredo Simón Ortiz, quienes estaban acusados de haberse quedado con fondos del municipio y no haberlos destinado a pagar trabajos en el departamento. Junto con ellos, también fueron declarados inocentes otros 3 exfuncionarios de la comuna, sospechados de haber participado en los mismos delitos. La resolución fue dividida porque los jueces Eugenio Barbera y Eduardo Gil estuvieron a favor de liberarlos de culpa y cargo, mientras que Ricardo Conte Grand se inclinó por declararlos culpables.

Luego de 15 años en los que la causa judicial estuvo matizada por las demoras y los planteos de las defensas que demoraron constantemente el proceso y lo dejó al borde de la prescripción, ayer la Justicia desligó de toda responsabilidad a los acusados, entre ellos dos figuras de la política departamental porque ambos fueron intendentes e incluso Gil llegó a representar a Ullum en la Cámara de Diputados de la provincia. Ahora, Gil y Ortiz siguen ocupando cargos políticos porque el primero es secretario del bloque oficialista en la Legislatura, mientras que el segundo está al frente de la Unidad de Coordinación de Bosques Nativos.

Además de los exintendentes estuvieron acusados de haber tenido participación en las maniobras irregulares Pedro Bravo, que era el encargado de Compras del municipio, María Esther Reinoso, quien por aquel entonces era la tesorera de la comuna y Mario Serrano, que era el encargado del camping municipal. Pero todos fueron declarados inocentes. Esta historia comenzó en agosto de 1998, cuando el por entonces vicepresidente del Concejo Deliberante de Ullum, Roberto Solera, presentó una denuncia en la Justicia Penal pidiendo que se investigara la conducta de funcionarios comunales, sospechados de haberse apropiado de fondos municipales. Así da gusto vivir en democracia. Vamos bien.